El Estado que nos merecemos

Por Gonzalo AriasCatedral_de_Medellín-Columnas_de_la_Pronave

Con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación, la realidad política argentina ha vuelto a instalar la discusión sobre el rol y el tamaño del Estado, recreando y actualizando un viejo debate entre la visión liberal defensora del Estado mínimo y la visión estatista defensora de un Estado social o de Bienestar.

En nuestro país, y en particular desde la década del ’30, primó históricamente un modelo estatal de desarrollo basado en la expansión del sector público, cuya máxima expresión tuvo lugar durante el primer peronismo. Sin embargo, en determinados contextos históricos, este modelo fue duramente combatido.

Desde la última dictadura militar, y en particular durante la década del 90, el pensamiento neoliberal avanzó, en un contexto de generalizada crisis económica, en el desmantelamiento del Estado y el fortalecimiento del mercado como mecanismo de regulación social.

En este sentido, puede decirse que la historia del liberalismo ha sido en cierta forma la historia de la desconfianza hacia el Estado. De allí que la tradición del pensamiento liberal y conservador ha propiciado históricamente la constitución de un Estado limitado en su intervención frente a los individuos.

Una de las dificultades que han entrañado estos movimientos liberalizadores envalentonados por la búsqueda de la eficiencia en la administración de los recursos públicos, además de los vaivenes ocasionados en la política económica, es que fueron de la mano de un relato tendiente a desprestigiar el rol del Estado. Y en materia de construcción política, no hay mayor debilitamiento que la perdida de legitimidad. Aunque parte de la dirigencia haya colaborado con este desprestigio, no debemos dejar de ponderar la necesidad de un Estado presente como garante de derechos y promotor del progreso de las sociedades.

En los primeros meses de gobierno de Cambiemos se ha vuelto a instalar el debate sobre la dimensión del Estado teniendo como principal instrumento la necesidad de terminar con la militancia rentada y los ñoquis. Mauricio Macri y sus ministros han venido sosteniendo recurrentemente que heredaron un Estado “grande” e “ineficiente”, que en una década duplicó el gasto público en relación al PBI, y que multiplicó exponencialmente el empleo público. La solución, legitimada socialmente y que enciende una luz de alerta, es por todos conocida: despidos masivos de empleados públicos, contracción del gasto, eliminación de subsidios, entre otras medidas desestatizadoras.

Sin embargo, el Estado no es congénitamente corrupto ni ineficiente por naturaleza. Ni tampoco más Estado implica necesariamente despilfarro o una política poco eficaz. Lo público puede ser también sinónimo de calidad y equidad, como lo demuestran nuestros institutos científicos, la universidad pública o el desarrollo de la medicina bajo el impulso estatal. El propio líder del Pro ha reconocido el trabajo del Ministerio de Ciencia y Tecnología área donde no se han producido ajustes y que para muchos fue una de las principales razones de la esperanza depositada en el ex presidente de Boca.

Como Néstor Kirchner y Mauricio Macri coincidieron en la importancia de contar con una política pública sostenida para la ciencia, es estratégico reivindicar un rol activo del Estado, que cumpla lo que se propone y que mejore la vida de la población, cada año un poco más, independientemente de los gobernantes que conduzcan sus destinos circunstancialmente.

Invertir recursos del Estado tiene que ir necesariamente a la par de la acción de cuidarlos. ¿Cuál es la inversión más eficiente? ¿La que resuelve problemas, brinda oportunidades, impulsa desarrollos o salda deudas sociales, o la que ajusta el gasto recortando derechos o limitandopolíticas públicas? ¿Dónde está la eficiencia en la administración de los recursos si no es en elmejor resultado de la distribución de los mismos?

Ni todo Estado, ni todo mercado. El desafío pasa más bien por vertebrar otro modo de gestionar lo público, de repensar las modalidades de intervención estatal asegurando una mayor participación de los ciudadanos.

En este contexto, es indispensable que la dirigencia política comprenda que debe dar un salto de calidad en respuesta a una sociedad mucho más inquieta que demanda un nuevo vínculo entre el Estado, la política y la comunidad. En gran parte, lo ha hecho Macri desde su gestión en la Ciudad, y ahora enfrenta del desafío de trasladar un modelo de gestión pública exitoso, al menos a juzgar por los últimos resultados electorales alcanzados por los candidatos de su fuerza política, al escenario nacional.

Un camino posible es potenciar la participación ciudadana como actor indispensable de control externo e implementar una profunda modernización del Estado de la mano del gobierno electrónico. La rendición de cuentas y el mejorar la capacidad de respuesta (en relación a la satisfacción de las demandas ciudadanas) son claves para darle una nueva impronta a la gestión pública.

En esta dirección, las nuevas tecnologías brindan una gran oportunidad para avanzar pero tampoco generarán los cambios por sí solas. Una política de gobierno electrónico tiene sentido transformador si se desarrolla para aumentar la eficiencia de la gestión pública, mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos y promover las acciones de gobierno en un marco mucho más transparente que el actual. Su utilidad se encuentra siempre dada en función de los problemas que se buscan solucionar y de las necesidades ciudadanas que el Estado debe atender.

Si bien es cierto que aun no se han alcanzado los resultados que predijeron muchosciberoptimistas,  no es menos cierto que estas nuevas tecnologías, más tarde o más temprano, van a potenciar las capacidades del Estado para el logro de sus objetivos fundamentales.

La incorporación de tecnologías en la gestión pública debe estar focalizada en contribuir a una mayor eficiencia del Estado para la satisfacción de las necesidades sociales; la mejora de la calidad de los servicios públicos; reducción de costos; mayor transparencia en la información

De esta forma, y para lograr este cambio de paradigma es necesario formular y ejecutar planes estratégicos, lo que demanda un proceso de fuerte innovación institucional. En definitiva, ninguna reforma o innovación obtendrá buenos resultados sino es acompañada por el fortalecimiento de las instituciones.

Necesitamos mayor institucionalidad, que no significa sobredimensionar la burocracia, ni tampoco significa que no trabajemos por lograr un Estado eficiente y competitivo. Ni más ni menos, mejor Estado. Tenemos que aprender de los errores, para saldar de una vez por todas las históricas deudas sociales y encarar definitivamente los desafíos del siglo XXI.

Argentina no tiene mucho más margen de error si quiere ser protagonista. Afirmación que no está motivada por una alocada aspiración de conquistar el mundo, sino más bien por lograr que el país desarrolle todo su potencial para que todos los argentinos podamos vivir cada día mejor.

La disyuntiva es clara: o trabajamos juntos desde cada uno de los sectores sociales, desde el debate y la búsqueda de consensos, para fortalecer las instituciones del Estado y acercarlas a las demandas ciudadanas, o volvemos a caer en la tentación de fetichizar las bondades del mercado volviendo a empezar todo de cero y dejando todo en manos de la especulación.

Titular de la catedra; La comunicación como herramienta politica. Universidad de Buenos Aires

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